La entrada en vigor del nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas está generando un clima de incertidumbre entre los residentes fiscales en España, propiciando, además, un efecto barrera a los inversores y nuevos capitales extranjeros.
En declaraciones a Confilegal, Fernando Lafita, socio responsable del área de derecho fiscal de Argali, abogados, apunta a una mayor «inquietud e interés por salir de la aplicación de este impuesto»; hecho que observa en consultas recibidas sobre la posible salida de España de sus clientes o el traslado de su patrimonio. Según Lafita, una de las consecuencias más notables es «la pérdida de capacidad recaudatoria sobre estas personas, sobre todo los particulares con patrimonios importantes».
Cuestionado por cómo se puede proceder frente a este tributo, Lafita considera que el primer paso es «asumir el impuesto y prepararse para presentar las declaraciones rectificativas y las solicitudes de devolución después de la liquidación», además de esperar a que se pronuncien los tribunales. «Hay que analizar caso por caso y globalmente los activos patrimoniales y las estructuras societarias y de inversión«, continúa.
Uno de los sectores más afectados, que goza además de ciertos beneficios fiscales si se cumplen determinados requisitos, es el de la empresa familiar.
Al respecto, Lafita subraya que estos requisitos, si bien pueden parecer complicados, están respaldados con «mucha doctrina». Pone como ejemplo el de contar con un empleado a tiempo completo para gestionar la explotación de un activo inmobiliario. «No basta con cumplir las formalidades, debe justificarse con una sustancia económica», recalca, afirmando que los casos menos sólidos se desmontan en su interpretación. Así, señala que existe una «cierta inseguridad jurídica por la falta de rigor o exceso de imaginación por parte de la Agencia Tributaria al interpretar«.
- Si lo desea, puede consultar el artículo íntegro publicado en Confilegal en este enlace.
por