El régimen de inversiones extranjeras directas: una complicación adicional

El régimen de inversiones extranjeras directas: una complicación adicional

Siguiendo las recomendaciones europeas, la entrada en vigor de los Reales Decretos 8 y 11/2020 el pasado mes de marzo de 2020 supuso la ruptura del régimen de casi total apertura de las inversiones extranjeras en España. Desde entonces, esta modificación supone una complicación adicional en las operaciones de M&A, ya que obliga a contar con un nuevo requisito previo al analizar cada operación.

Así lo destaca Isabel Dutilh, Socia fundadora de Argali, abogados, en esta tribuna que publica El Derecho: «A partir de este cambio tenemos que ver, no solo si la operación va a estar sujeta a autorización por parte de la autoridad de competencia, sino también si está o no sujeta a la autorización, bien de la Dirección General de Transacciones Exteriores, o bien del propio Consejo de ministros, previo informe de la Junta de Inversiones Extranjeras».

Como apunta Dutilh, es importante detectar la necesidad cuanto antes, ya que el plazo marcado por la norma para resolución es de seis meses con silencio negativo. «El tema de si está o no sujeta a autorización una operación no es tan sencillo o evidente a simple vista, ya que puede estarlo por razón del sujeto que realiza la inversión o por razón del sector en el que opera la compañía objeto de inversión», destaca.

El inversor extranjero

Pese a la dificultad para determinar qué sectores son objeto de esta protección especial, Dutilh considera que «puede ser más claro el aspecto subjetivo, es decir, cuándo un inversor es considerado extranjero: un no residente en la UE o en un país signatario de la EFTA y pase a ostentar una participación del 10% o más de una sociedad española, o adquiera su control o la posibilidad de influir en su gestión».

«No obstante, también se considera incluido aquel inversor ya sea residente o europeo cuando este a su vez tenga en su accionariado un inversor que sea titular de un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor», concluye.

  • Si desea consultar el artículo íntegro, visite la publicación en El Derecho.